La teoría del contrato social es una teoría política que explica el origen y propósito del Estado, así como de los Derechos Humanos. Según esta teoría, los individuos, que se encuentran en un estado natural de libertad e igualdad, deciden renunciar a parte de su libertad individual para formar una sociedad civil organizada, el Estado.
Siendo secretario del embajador en Venecia, Rousseau redactó lo que el autor tituló «el contrato social», en el cual establece la posibilidad de una reconciliación entre la naturaleza y la cultura: El hombre puede vivir en libertad en una sociedad igualitaria, pero para ello los seres humanos acuerdan un contrato, que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar el estado de libertad absoluta del que dispondrían en la naturaleza, siendo los derechos y deberes de los individuos las clausulas del denominado contrato social, siendo el estado la entidad creada para hacer cumplir el contrato.
De ese modo no habrá ningún miembro de la sociedad sobre el que no se adquiera el mismo derecho que se cede, siendo el contrato expresión de la voluntad general, siempre justa y veladora del interés común de la sociedad, la cual legitima la autoridad del estado.
Con el ejercicio de la voluntad general, la soberanía residirá en el pueblo, siendo absoluta al no depender de ninguna otra autoridad política, limitada por si misma, e indivisible al pertenecer a toda la comunidad.
El pueblo siendo participe de la soberanía, es también súbdito y por tanto, debe someterse a las leyes del Estado, que el mismo pueblo se ha dado. De esta forma Rousseau establece la forma en la que el hombre pierde su libertad natural para optar a través de una libertad civil, dependiente de la voluntad general por una sociedad que le es impuesta, siendo reemplazada su igualdad natural por la igualdad moral.
Define al gobierno como el cuerpo intermedio entre súbditos y soberanos para su mutua comunicación, a quien corresponde la ejecución de las leyes y el mantenimiento de las libertades civiles que garanticen la igualdad moral.
El contrato social se presenta como una teoría política que explica el origen y propósito del Estado, siendo Rousseau uno de sus principales formuladores, cuyas ideas sirvieron de impulso para la Revolución Francesa de 1789.
El contrato social es un manifiesto político, en el cual pone de manifiesto que todas las personas tiene una dignidad natural que le otorga el derecho a la autodeterminación y a la igualdad, refiriéndose con este ultimo termino, a la igualdad de oportunidades para realizar su desarrollo vital.
El contrato social, en definitiva, es un acuerdo entre los miembros de la sociedad, por el cual todos ceden parte de su libertad individual a cambio de la protección de sus derechos naturales, como la vida, la libertad y la propiedad, siendo El Estado la institución que se encarga de garantizar estos derechos, mediante la ley y el poder coercitivo.
Sin embargo en el contrato social, el individuo ciudadano, es soberano y siervo sujeto a la voluntad del soberano, debiendo pues, proporcionar los servicios que el soberano le reclame, debiendo a su vez asegurar que como soberano no impondrá demandas a los ciudadanos que perjudiquen a la comunidad, garantizando la aplicación de normas acordes a la naturaleza y la razón.
A partir de la premisa anterior, establece una forma justa de gobierno, surgida de la voluntad de los ciudadanos, que conjuntamente ceden al Estado el poder suficiente y necesario reglar las leyes y hacerlas cumplir. Esta forma de pensar contradecía por completo la definición de estado recogida por el absolutismo, en la que el poder era regentado por las monarquías existentes.
Rousseau conminó en su obra, incluso la regulación del poder protector del estado, y la obligación de defensa del mismo por parte del ciudadano, argumentando que el que pude y quiere conservar su vida a costa de de los demás, también debe querer darla por otros en caso necesario, inculcándole al individuo la obligación de devolver al estado la seguridad que reclama para su protección.
El contrato social establece el objetivo final del Estado, como la obligación de mejorar el bienestar de todos los miembros de la sociedad, estableciendo así que la función del legislador y la función de hacer cumplir la ley estén separadas, siendo funciones incompatibles que no pueden estar centralizadas en la misma persona.
Con todo lo expuesto y a pesar de ser la formulación de Rousseau la que ha tenido mayor influencia en la historia del pensamiento político, lo cierto es que esta teoría fue desarrollada por diversos filósofos políticos.
Así pues, Thomas Hobbes (1588-1679) fue el primero en desarrollar una teoría del contrato social. En su obra «El Leviatán» (1651), Hobbes sostiene que el estado natural de los seres humanos es un estado de guerra de todos contra todos, en el que la vida es «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta». Para escapar de este estado de naturaleza, los individuos deciden renunciar a su libertad natural y establecer un gobierno, que les garantice la paz y la seguridad.
John Locke (1632-1694) por su parte, también defendió la teoría del contrato social, pero con algunas diferencias importantes con respecto a Hobbes. En su obra «Dos tratados sobre el gobierno civil» (1690), Locke sostiene que los seres humanos, en el estado natural, son libres e iguales, y tienen ciertos derechos naturales, como la vida, la libertad y la propiedad. Para proteger estos derechos, los individuos deciden establecer un gobierno, pero el gobierno solo tiene el poder que los individuos le han delegado.
La teoría del contrato social ha tenido una gran influencia en la historia del pensamiento político. Ha sido utilizada para justificar la Revolución Francesa, la Independencia de los Estados Unidos y otras revoluciones liberales, así como para defender los derechos humanos y la democracia.
La teoría del contrato social explica el origen del Estado, como un acuerdo entre los individuos para formar una sociedad civil organizada, fundamenta los derechos humanos como derechos naturales de los individuos y defiende la democracia como la forma de gobierno más adecuada para garantizar los derechos humanos.
