Con el fin de apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, contribuir a la lucha contra el cambio climático, ayudar a conservar los paisajes y las zonas rurales, garantizar un nivel de vida razonable mediante medidas que permitieran el manteniendo de la vida rural, e incentivar la creación de empleo e industrias relacionadas con el entorno agrícola en 1962 se creó la denominada Política Agraria Común (PAC) por la Comunidad Económica Europea.
Actualmente se estima que en la Unión Europea más de 20 millones de personas trabajan habitualmente en el sector agrícola, en más de 10 millones de explotaciones que surten a los ciudadanos de la Unión Europa de una gran variedad de productos tales como las hortalizas, las legumbres o las frutas.
Por ello, es importante destacar que la Unión Europea es uno de los principales productores y exportadores de productos agroalimentarios del mundo, destacando principalmente su alta producción de avena, centeno, maíz y trigo, así como de papas y legumbres. A su vez determinados países destacan por ser los mayores productores de productos como el aceite de oliva en España, el vino en Italia, el aceite de girasol en Hungría o la cebada en Francia y Alemania.
A partir de lo anterior es fácilmente comprensible la necesidad de ofrecer pautas y procedimientos que permitan desarrollar y facilitar las herramientas y medios adecuados a los agricultores con el fin de que puedan desarrollar y evolucionar, siendo necesario la realización de diferentes actuaciones que permitan el acceso a las maquinarias, fertilizantes o combustibles necesarios para el desarrollo de sus actividades. Asimismo, y como actividades relacionadas con la agricultura, es necesario contar y desarrollar industrias que permitan la preparación y transformación de los alimentos, su almacenamiento, transporte y distribución.
España es uno de los mayores productores agrícolas dentro de la Unión Europea, con un sector que genera casi el 10% del empleo total, y que en 2019 obtuvo más de 6.500 millones de euros de los fondos de la PAC para el desarrollo rural, y las actividades e industrias asociadas a sector agroalimentario.
La Política Agraria Común (PAC) ha ido evolucionando con los años, habiéndose redactado la legislación actualmente en vigor en 2021, ofreciendo mayor flexibilidad a los países miembros de la Unión Europea para adoptar medidas en sus ámbitos de actuación, incrementar el apoyo a las pequeñas explotaciones y garantizar un futuro sostenible a los agricultores europeos, fijando entre sus grandes objetivos, proteger el medio ambiente, actuar contra el cambio climático, proteger la calidad alimentaria, mantener las zonas rurales como zonas dinámicas, apoyar el relevo generacional y garantizar una renta justa para los agricultores.
Así, dentro de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» desarrollada como estrategias a cumplir en los años futuros, se establece como objetivo el hacer que ecosistemas alimentarios sean saludables y respetuosos con el medio ambiente, convirtiendo las explotaciones en cultivos sostenibles, para ello, se han establecido medidas como la reducción del uso de los fertilizantes en al menos un 20%, aumentar las explotaciones ecológicas como mínimo en un 25% y reducir en un 50 % los antimicrobianos utilizados en los animales de granja. Esta nueva estrategia pretende fomentar el uso sostenible de la tierra, evitar la pérdida de biodiversidad, disminuir la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y la introducción de especies invasoras.
La PAC y la Organización mundial del consumo (OMC)
La Unión Europea es miembro de la OMC y, como mayor bloque comercial del mundo, uno de sus principales protagonistas, de tal forma que la Comisión Europea representa y negocia como entidad única en nombre de todos los países miembros de la Unión Europea, la cual apoya la labor de la OMC en el ámbito de la reglamentación multilateral y la liberalización del comercio.
En el acuerdo adoptado por la Organización mundial del Comercio en la ronda de Uruguay en 1995, se redactaron las bases para conseguir un comercio agrícola equitativo orientado al mercado, mediante normas de aplicación internacional por todos sus miembros, estableciendo entre otras medidas relacionadas con los contingentes arancelarios y las medidas de apoyo al sector.
En junio de 2022 se celebró la última conferencia Ministerial, la cual finalizó con una declaración sobre la respuesta a la emergencia de la inseguridad alimentaria y el anuncio de medidas que permitieran aplicar una exención a las restricciones a la exportación en caso de compras de alimentos con fines humanitarios.
La UE esta comprometida con de desarrollo del multilateralismo y la cooperación internacional para la seguridad y el desarrollo alimentario en el mundo, buscando un sistema de comercio de productos agrícolas justo y transparente, que faciliten a los productores el acceso a los mercados, la competencia y el mantenimiento sostenible y la protección de las tierras de cultivo.
Consecuencias de la PAC
Un año después de la entrada en vigor de las regulaciones establecidas en la nueva formulación reglamentaria recogida en la PAC reformada en 2021, los agricultores europeos, inicialmente desde Francia y posteriormente también desde España y Portugal, han iniciado protestas exigiendo reciprocidad en las importaciones agrarias de alimentos de países externos a la Unión Europea en cuanto al cumplimiento de las exigencias burocráticas establecidas para ellos, como productores.
Como consecuencia del cumplimiento de las normas restrictivas en el uso de pesticidas, fertilizantes y antimicrobianos, así como de otras estipulaciones legislativas, los costes de producción han incrementados los costes de producción, los cuales no han podido ser repercutidos adecuadamente en los productos producidos, al verse gravemente agraviados por los precios de los productos importados desde países competidores, lo cual ha reducido considerablemente la rentabilidad e incluso el volumen de las ventas, como consecuencia del incremento de los precios finales ofrecidos al consumidor de estos, con respecto a los precios marcados de los productos importados.
Igualmente, y dentro de las reclamaciones realizadas por los agricultores, resalta el que se les garantice la rentabilidad de las explotaciones y del trabajo realizado, eliminando las ventas a perdidas, la competencia desleal, las demoras en el cobro de los subsidios y ayudas que les correspondan.
