A partir de mañana, España estará legislada sin una representación validada por el pueblo, el verdadero estado.
Después de una elecciones generales, donde en treinta y ocho provincias españolas salió victorioso el partido popular, y donde únicamente en diez provincias consiguió el partido socialista la victoria, y donde paradójicamente, a pesar de lo anterior, la distribución de escaños una vez alineadas las fuerzas políticas según el sentido de su ideología, bien social comunista (la izquierda) o bien liberal conservadora (la derecha), dejó un escenario muy igualado pero lejos de mayorías absolutas, ambos bloques ideológicos se han visto obligados a negociar con partidos nacionalistas o regionalistas minoritarios, en busca de los acuerdos que les permitan conseguir los escaños suficientes para iniciar un nuevo periodo legislativo en España.
En estos términos, y bajo el aliento por parte del bloque de izquierdas, del miedo a la derecha más radical o ultraderecha como ellos la denominan, y bajo el pretexto del cumplimiento del mandato legal reflejado por los españoles en las urnas, y el bien general de España y los españoles, se han formalizado acuerdos de muy dudosa consideración tanto desde el punto de vista legal, donde habrán de pronunciarse los jueces y magistrados que correspondan, como desde el punto de vista moral, pues estos acuerdos suponen decisiones de gran calado, con grandes consecuencias para todos los ciudadanos del país, para unos negativamente y para otros positivamente, aunque quizás los mayores réditos sean obtenidos por unos pocos de forma individual, acuerdos que dada su magnitud deberían ser consultados a todos los ciudadanos, ya que el contenido de los mismos no fue reflejado en ninguno de los programas políticos con los que concurrieron los partidos a las últimas elecciones.
Además, no solo eran temas no abordados en los programas políticos presentados, sino que en muchos casos, la postura oficial defendida por todos ellos, se basaba en la imposibilidad primero de acordar y segundo de realizar muchos de los hechos, ahora reflejados en los acuerdos que han dado lugar a esta nueva gobernabilidad, que tras un rápido cambio de opinión, si van a ser realizables, ya que de repente, todos los motivos y razones expuestos durante la campaña electoral, reflejando la imposibilidad de hacer estas actuaciones, han desaparecido, se han esfumado por arte de magia para todos los representantes políticos del bloque de izquierdas.
Ante una situación tan variopinta, unos cambios de opinión tan sesgados, ya que hay múltiples asociaciones, profesionales, juristas, abogados, políticos, empresarios y ciudadanos en general que recelan y mucho, por un lado de la legalidad de algunas de las medidas acordadas, y por otro, de que estas medidas realmente sirvan para el fin con el que se conciben, cuando los beneficiados a título personal, afirman categóricamente y ante cualquiera que ose preguntar, que lo volverán a repetir y en un periodo de tiempo no muy lejano, es ciertamente efectivo decir que esta legislatura será legislada por un bloque carente de representación alguna.
En una democracia real, además de obtener los escaños necesarios en unas elecciones limpias, otorgados por la ciudadanía, el grueso de las medidas a aplicar durante el periodo legislativo debe estar acorde con lo expuesto al pueblo. Es decir, la representatividad que otorgan los votos solo tienen validez, si estos se ganan en base a un programa electoral o político veraz, real y acorde a la realidad, porque de lo contrario, todo voto obtenido a partir de un programa político falaz, irreal, inconcluso, u opaco, otorga una falsa representatividad, lograda mediante el engaño a los ciudadanos y a los votantes. Luego el inicio de un periodo legislativo, a partir de acuerdos tomados sobre un programa político o unos acuerdos políticos contrarios a lo expuesto, es a todas luces un periodo legislativo sin representatividad del pueblo, el cual es realmente el estado.
Cosa muy distinta se produce a veces, sobre todo desde la inclusión de nuestro país en la Unión Europea y en otras asociaciones, donde ante hechos, circunstancias o situaciones derivadas de otros hechos, como las derivadas de crisis bélicas, económicas, o de directivas y acuerdos o tratados firmados en el contexto internacional, el gobierno en vigor, se vea obligado a tomar medidas contrarias a lo planificado, previsto, e incluso contrarias a sus ideas como ha pasado con anterioridad en diversas ocasiones. Estas últimas acciones se realizan por obligación, mientras que los hechos recogidos en los acuerdos, que han permitido lograr los escaños necesarios para iniciar un nuevo tiempo legislativo en España, no han sido obligados por las circunstancias, no han sido impuestas o forzadas por compromisos externos, y no han sido tomadas para solventar o salvaguardar algún evento o circunstancia critica como una crisis económica, han sido refrendados sin la validación que dan las urnas, han sido refrendados desde la falsa representatividad, lograda mediante el engaño y la traición al propio programa político expuesto por los principales partidos nacionalistas firmantes, y mediante la traición al votante de cada voto conseguido.
A partir de mañana, España inicia un periodo legislativo regido por un grupo o bloque legislativo sin autoridad moral alguna, y sin representatividad real del sentir y pensar de los españoles con respecto a su futuro como nación.
